ACTEAL, UNA HISTORIA DE MUERTE CON EL SELLO DEL PRI.



Por Julio Gálvez

A 20 años de la masacre de 45 indígenas y tres nonatos, ordenada por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y ejecutada por un grupo de paramilitares priístas el 22 de diciembre de 1997 en la localidad de Acteal, Municipio de Chenalhó, ubicada en la región de Los Altos de Chiapas al sureste de México, poco ha cambiado el panorama socio-político en nuestro país, lamentablemente el pueblo sigue siendo víctima  de la corrupción y la impunidad, solo que ahora tenemos smartphones para alimentar a nuestra sociedad de violencia, miedo y olvido.

En 1997, un grupo paramilitar denominado “mascara roja”, atacó a indígenas tzotziles de la organización "las abejas", que se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. Ante los hechos, el gobierno mexicano calificó a la masacre como un conflicto étnico local (tal y como sucedió en Ayotzinapa en donde según las fuentes oficiales se trató de un enfrentamiento entre narcos), mientras que opositores y grupos defensores de derechos humanos la consideraron como parte de una estrategia gubernamental para desarticular la base social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Los responsables directos de la masacre fueron grupos paramilitares vinculados con el PRI y opuestos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Según testigos, las mujeres, hombres, niños y pertenecientes al grupo comunitario de "Las Abejas", fueron todos masacrados sin la menor misericordia por unos 90 paramilitares al interior de la iglesia, en una operación que se extendió durante siete horas y que se desarrolló a sólo 200 metros de un retén de la policía.

Con respecto a la masacre, unas 100 personas, en su mayoría indígenas, fueron detenidos y luego recluidos en una cárcel de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

El entonces obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, afirmó en su momento que era necesario que la Procuraduría General de la República investigara en relación a los instigadores de esta masacre.

Entre los supuestos participantes figuraron ocho ex oficiales de seguridad pública que fueron condenados a un poco más de tres años de prisión, para después ser puestos en libertad. De acuerdo con monseñor Ruiz, los supuestos oficiales que propiciaron la matanza de indígenas, en realidad pertenecían a un grupo de paramilitares que tenían vínculos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México durante 71 años ininterrumpidos en medio de críticas por presuntos actos de corrupción y autoritarismo.

Por lo acontecido en Acteal y en busca de chivos expiatorios, el gobierno mexicano apreso a 83 indígenas acusados por portación de armas de fuego, pero en el expediente judicial obra que solo existen tres armas que se usaron durante los hechos, además de que de ninguno de los consignados se obtuvo un dictamen positivo en la pericial de restos de pólvora. 

Después de varios recursos judiciales, solo 26 indígenas fueron identificados por los deudos de las víctimas como los autores de los crímenes. Ante esta situación, los procesados solicitaron amparo al Poder Judicial de la Federación y mucho tiempo después, los casos fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el 12 de Agosto de 2009, les fue concedida la protección constitucional bajo el argumento de que la Procuraduría General de la República, en ese tiempo encabezada por Jorge Madrazo Cuéllar, fabricó las evidencias para inculpar a los presos.

Quizás las nuevas generaciones no recuerdan la matanza de Acteal y muchos ciudadanos han perdido la memoria, pero México en aquellas épocas vivía la máxima represión en contra de las libertades de los mexicanos. Emilio Chuayffet Chemor (secretario de gobernación en aquella época) y varios políticos que hoy son cercanos al Presidente Peña Nieto, fueron testigos de la masacre, en realidad ellos la toleraron desde sus grandes escritorios, porque en nuestro país la justicia se alimenta de la impunidad, y la impunidad del olvido. 

Para muchos intelectuales la matanza de Acteal fue el inicio de la decadencia del régimen priísta, ya que el PRI llegó a una instancia donde el poder solo podía retenerlo a través de la violencia, en las calles imperaba el miedo y los ciudadanos se comportaban como robots programados para servirle a nuestros gobernantes; en pocas palabras, la dignidad humana siempre pasaba a segundo término y todo porque en cualquier régimen autoritario, los políticos enloquecen en su afán por mantenerse en el poder.

Hoy en día, las cosas no han cambiado mucho, existen levantamientos a lo largo de todo el territorio nacional que buscan justicia como reacción a la ingobernabilidad que se vive. Quizás la ciudadanía no ha percibido lo que muchos medios de paga quieren ocultar, el PRI se encuentra perdiendo el control del Estado, tal y como sucedió en la localidad de Acteal, Chiapas, en 1997.

Hoy más que nunca los ciudadanos debemos hacer conciencia y comprender que bajo la dictadura perfecta, México no esta muy alejado de otros gobiernos represores como el de Francisco Franco en España. Con el PRI en Los Pinos posiblemente hemos vuelto a las épocas de la corrupción enmascarada, del narcotráfico encubierto, de los medios de comunicación comprados, del miedo, de las matanzas a indígenas, del doble discurso y de las devaluaciones recurrentes.

Aunque para algunos el PRI ha cambiado, los nuevos políticos del Revolucionario Institucional no han podido cambiar de chip, están demostrando ser más de lo mismo, repiten patrones del priismo de terror que se vivió en Acteal; sin embargo, ellos están perdiendo lentamente el control del país con cada acción que toman. 







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Julio Alejandro Gálvez Bautista, es Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Civil por la Universidad la Salle; tiene estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Desde el 2006 se ha desempeñado como profesor de licenciatura y postgrado, así como conferencista en materia de derecho constitucional y derechos humanos fundamentales. 


Cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas académicas y periódicos, ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derechos sociales, libertad de expresión y reforma gubernamental. Sus aportaciones al campo jurídico fueron utilizadas por el Congreso de Argentina para la despenalización de la tenencia para el consumo personal de estupefacientes y psicotrópicos. Es colaborador de la Revista Internacional de Derecho “Garantismo Judicial” presidida honoríficamente por el Profesor Luigi Ferrajoli y Dirigida por el Doctor Fernando Silva García. Actualmente es Director General del Semanario El Nuevo Gráfico, abogado litigante y Director del Centro de Investigaciones Sociales (CIS).